Advierten que Chile está al debe en facilitar el derecho a sufragio seguro en pandemia

En un contexto en que Chile se ubicó en el segundo lugar de los países latinoamericanos (detrás de Uruguay) con menor nivel de corrupción según el Índice de Transparencia Internacional y 28 entre los 183 países de la medición, la Red Latinoamericana Anticorrupción (REAL) advirtió sobre el desigual impacto que han ocasionado la falta de información y las limitaciones a la movilidad en desmedro de la población más pobre.

La instancia -que monitorea a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Perú y Paraguay- señala que la “criminalización de las infracciones a las medidas de restricción de movilidad” no han sido eficaces en Chile “agravando desigualdades previas”. Las restricciones en los derechos fundamentales durante la pandemia, como a reunirse y circular libremente, generaron un mayor malestar entre los ciudadanos más vulnerables que lo canalizaron en protestas, lo que “es preocupante desde el punto de vista de imparcialidad que deben tener los órganos encargados del orden público”. Además, menciona que fue en este segmento en donde la suspensión de las clases presenciales los perjudicó “de forma desproporcionada”. Esto porque al pasar a la modalidad telemática se constató la “enorme brecha de acceso a internet y equipamiento”, vulnerando el derecho a la educación.

En las lecciones que dejan los procesos electorales desarrollados en pandemia, la entidad plantea que “aún falta que el Estado se comprometa con medidas concretas para facilitar el derecho a sufragio a todas las personas de forma segura”. Esto porque no se logró que las personas contagiadas que estaban en cuarentenas pudiesen emitir su voto.

Si bien el reporte admite que los órganos de control -como la Contraloría General de la República, el Congreso y los tribunales de justicia- han cumplido bien su rol, reconoce que sí hay “varios” casos de corrupción e indicios de mayor riesgo. Esto se da en el gasto y las compras públicas ante el aumento “excesivo” de tratos directos, contratación de parientes, pagos de servicios que no se prestaron y de sobreprecio. Ante esto, “urge” tener mejores herramientas de control para la Contraloría, más información que justifique las compras y un registro de proveedores.